CAJAMAR Caja Rural, el pasado 15 de septiembre, presentó nuevamente un expediente de regulación de empleo (ERE), que podría afectar hasta un total de 295 trabajadores. Estos, en su mayoría ubicados en la Dirección Territorial de Valencia y Castellón (aproximadamente un 20% de la plantilla de dicho territorio).
Desde la Federación de Servicios de UGT, hemos entregado -23/09- en la mesa de negociación del ERE, una serie de medidas y propuestas con las que se minimizarían, para la plantilla y sus familias, los consecuentes efectos negativos. Las prejubilaciones serían nuestra prioridad. Otra opción planteada sería un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE). Se trata de alternativas a las que dio a conocer la empresa – exclusivamente extintivas de la relación laboral -. Hasta la fecha no tenemos respuesta por parte de la misma.
La oferta presentada por la dirección de Cajamar: Para mayores de 50 años, plantea una indemnización por despido de 33 días por año trabajado, un máximo 24 mensualidades y un tope 70.000 Euros. Entre 35 y 50 años, corresponderían 25 días por año de servicio, 18 mensualidades como máximo y un límite de 52.500 Euros y, por último, para el colectivo menor de 35 años, 20 días por año, con los topes de 12 mensualidades y 35.000 Euros. Denotaría importantes carencias en empatía, sensibilidad y generosidad hacia la trayectoria profesional y dedicación de la plantilla.
Estimamos que sería una oferta difícilmente aceptada por los diferentes colectivos, salvo que tengamos presente que el trasfondo y la consecuencia directa – en caso de no acogerse a la “voluntariedad” de las bajas incentivadas – estaría condicionada por quedar expuestos a un proceso de movilidad geográfica interregional.
La actual oferta de baja incentivada sería una aplicación literal de la última Reforma Laboral. Contrasta con la buena voluntad y predisposición que se esgrimió por parte de la empresa en negociaciones anteriores (ERE – 2012 mayoría de prejubilaciones).
La actual dirección de Cajamar – que sería presuntamente responsable subsidiaria de su desacertada gestión – parece pretender justificar este segundo ERE cargando, de forma injusta e injustificada, mayormente contra la plantilla de Valencia y Castellón. En gran número procedentes de las extintas cajas rurales: Ruralcaja, Caja Rural de Castellón, Casinos y Crèdit València. Podría deducirse que supondría un nuevo proceso presumiblemente discriminatorio hacia este colectivo para “viabilizar” la Entidad.
El ERE reduciría notablemente, en la Comunidad Valenciana, las expectativas de crecimiento, arraigo y expansión previstas por la dirección de Cajamar.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde la Federación de Servicios de UGT, nos oponemos al ERE presentado por Cajamar y esperamos una modificación sustancial en la oferta presentada y el estudio y valoración de nuestras propuestas alternativas a la destrucción de empleos. En caso contrario, nos veríamos obligados a adoptar otro tipo de medidas para ejercer la legítima defensa de los actuales puestos de trabajo y para defender los derechos laborales adquiridos. Seguimos trabajando por la protección de los puestos de trabajo en cajas rurales.